La Fuerza Armada Nacional de Venezuela si bien es una institución de rango constitucional con funciones propias y definidas de naturaleza castrense; concebidas bajo la premisa de que el profesionalismo militar es su esencia y de allí que su existencia se justifique por defender la soberanía de la Nación; ello ha cambiado, por cuanto su misión desde 1999 sufrió una drástica pero imperceptible dirección que animó a los hombres de armas a ser salvadores de las necesidades de la población y además, se les ordenó desde la presidencia de la República desempeñar funciones propias de los civiles, ejercer atribuciones y competencias que corresponden a algún poder del Estado, así nace el Plan Bolívar 2000.
Por su parte, a los civiles, políticos y ciudadanos no pareció molestarle que fueran los militares los que gestionan el poder público utilizando su línea de mando, descendente y autoritaria y organizándose como casta exclusiva para la conducción en actividades legales e ilegales, sin atender que el sistema político democrático los puso para someterse a las decisiones civiles.
De manera que la administración de grandes cantidades de dinero en bolívares, ahora en dólares fue desajustando el aparato militar, transformándolo en una organización intervenida por cubanos, y luego rusos y quien sabe cuántos militares de otros países de los que el régimen considerara sus aliados. Así, las instancias de mando asumieron y se mantienen como depositarios de los planes de desarrollo, malgastando y robando los dineros asignados para proyectos y siempre dedicando algo de atención hacia las comunidades pero a cambio de dólares; extorsionan a la población por prestar servicios a los que se les obliga prestar no acordes con su función militar.
Lo que es cierto es que los integrantes del alto mando que están conectados a todas las actividades rentables para hacer negocios no son visibilizados ni ocupan lugar en las investigaciones de los delitos de corrupción que cometen, más bien ellos fabrican autores de delitos o desplazan competencias “desleales” de sus actividades.
Desde el Plan Bolívar 2000, la deshonra al honor militar por la corrupción durante 22 años se ha pasado por escándalos de corrupción sean de carácter netamente económicos (proyectos de inversión) o de apariencia de inversión social en los que siempre aparece un uniforme comprometido en prácticas de gran corrupción y tráfico de estupefacientes, que detectan militares de los niveles más bajos de la jerarquía, como casos aislados de tales delitos, salvo la escala de mando.
La Fuerza Armada desde su centro de decisiones y además creando su propia contraloría no hay quien puede entrar en esa fortaleza. Sólo algunos han declarado públicamente nombrando a quienes recibían dinero, pero jamás a quienes compromete internamente en los negocios al margen de la Constitución y la ley.
Los militares que se corrompieron no lo hicieron bajo el análisis de que ganan poco*: ello ocurrió porque pasaron a tener una escala de poder político que les produjo una autonomía absoluta de su fuerza económica y de negocios y ya no parece que puedan regresar a ser institucionales, en realidad visten de uniforme con medallas de buen comportamiento y dignidad, pero nunca tuvieron formación ética de lo que significaba su servicio a la patria.
* Por qué los militares en Venezuela sucumben ante los negocios y la corrupción. José Guerra. 1 de noviembre de 2021. En Actualidad.