La toma del poder de los militares y el control de la economía en Venezuela, ha sido ejecutada paulatinamente en estos 22 años de gobierno “socialista” con la anuencia del fallecido expresidente Hugo Chávez y la actual mandatario Nicolás Maduro; quien trató en los primeros días de su mandato, de regresarlos a los cuarteles, pero le fue imposible. Ahí quedaron los discursos de la época.
La Constitución y la ley que regula la institución militar han sido manipuladas y torcidas por el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Legislativo y los actos del Ejecutivo Nacional para proteger a militares que cometan violaciones graves y masivas de los derechos humanos.
Ahora, han sido puesta al descubierto en el Tercer Informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas.
La Misión identificó a presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela: funcionarios del poder ejecutivo, directores de organismos policiales y sus cadenas de mando, así como altos oficiales de las fuerzas armadas. Además, señaló cómo crecieron los intereses económicos de los militares, en particular en el Arco Minero.
Se determina igualmente que “no es raro ni ilegal en la República Bolivariana de Venezuela que los oficiales militares activos o retirados tengan afiliaciones corporativas y participen activamente en empresas”.
En el caso del Arco Minero la Fuerza Armada Nacional “…no solo tiene un papel especial en el marco de seguridad…” sino en sus “…diversas ramas ….intereses económicos variados y amplios en la región y detalla cómo militares de las Fuerzas Armadas han tenido un enriquecimiento aparentemente ilícito, a través de empresas supuestamente privadas.
Están así documentados los casos de connivencia entre las fuerzas de seguridad del Estado venezolano con los llamados «sindicatos» o el “pranato” minero que opera en el estado Bolívar.
Algunas de las presuntas actividades ilícitas que involucra a la Fuerza Armada son: la prestación de servicios de seguridad a la actividad minera ilegal, el control de la distribución de combustible y del transporte aéreo en las zonas mineras, el contrabando transfronterizo de mercurio, y el cobro de sobornos o impuestos extorsivos para la explotación de las minas ilegales.
Asimismo, se involucra a los militares con el contrabando de oro a Colombia y Brasil. En el informe se menciona que autoridades colombianas y estadounidenses investigan un esquema sobre el contrabando de oro hacia Bogotá, y de allí a Estados Unidos y otros países.
En el estado Bolívar se han cometido violaciones de derechos humanos y delitos por funcionarios del Estado y fuerzas de seguridad, tales como la privación arbitraria de la vida, la detención arbitraria y la tortura u otras formas de maltrato. La Misión ha documentado presencia continuada de grupos criminales armados en el estado de Bolívar, en particular en territorios indígenas, y la amplia gama de crímenes que estos han cometido contra la población de la región.
Como si fuera poco todo lo anterior, que de por sí ya es inaceptable, el ELN opera en Venezuela con estrechos vínculos con oficiales del Gobierno y según varias fuentes consultadas por la Misión, el ELN llegó a acuerdos con autoridades estatales venezolanas para controlar recursos mineros.
No existe en Venezuela ninguna garantía de supervisión de las actividades militares, así como de las de policías y organismos de inteligencia por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y menos por organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.