Todo indica que los presidentes de Colombia y Venezuela están calibrando su fuerza política a lo interno y en el contexto continental, por cuanto ninguno de los dos quiere aparecer como que cumple órdenes del otro.
Tras la victoria de Gustavo Petro en las elecciones del 29 de mayo, le confirmó a Maduro que se propone reabrir la frontera y normalizar las relaciones.
Maduro ha dado señales que unas de sus prioridades es conseguir que Bogotá envíe a Venezuela algunos de los opositores solicitados por las cortes chavistas. Diosdado Cabello, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, enfatizó que Caracas espera ansiosamente que eso suceda. Petro en su cuenta de Twitter de manera contundente dijo “Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio”. Diosdado y Maduro, acostumbrados a desconocer el orden constitucional y legal, no contaban que les ofrecerían tamaña respuesta.
Lo mismo está ocurriendo en materia de relaciones diplomáticas y económicas. Petro ha prometido normalizar las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela; ya cada país ha recibido las credenciales de los embajadores correspondientes.
Petro da muestras concretas de promover la apertura del comercio formal y darle curso al intercambio económico/legal, mientras Maduro evade con argumentos no convincentes. Avanza el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti al asegurar públicamente que durante la reunión con el presidente Maduro, le planteó la compra de la empresa Monómeros y luego procedió a reunirse con el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, señalándole que las sanciones a Monómeros afectan tanto al gobierno de Maduro como a los colombianos.
En la radiografía del desafío migratorio que recibe Colombia, los migrantes venezolanos pasaron de 1.842.390 en agosto de 2021 a 2.477.588, con corte a febrero de este año, un crecimiento del 34% en un semestre. En otras palabras, en torno al 5% de los habitantes de Colombia son migrantes venezolanos.
Por tanto, es comprensible que Petro enfatice la necesidad de que los dos Estados trabajen juntos para mejorar la seguridad e impulsar el comercio formal a lo largo de la frontera, y así parar la migración venezolana. Garantizar un paso seguro en ambas direcciones requerirá mayor cooperación entre los dos Estados y el apoyo de las agencias internacionales.
Sin embargo, la realidad es que existe una relación oscura e informal entre ambos países donde el derecho no rige. Allí prevalece la ley del más fuerte. Quién tiene armas y dinero impone su ley en la frontera.
La ausencia de las autoridades venezolanas en el evento sobre apertura comercial organizado en Cúcuta por el gobierno y el sector privado colombiano, el pasado jueves 18 de agosto, revela la falta de seriedad y de políticas claras por parte del madurismo.
En la frontera el esquema de comercio por las trochas se alimentan las estructuras de los grupos armados al margen de la ley (guerrilla y grupos criminales), así como integrantes de todos los organismos de seguridad del Estado, los que, diseminados a lo largo de la frontera, extorsionan cada día a quienes allí trabajan o necesitan movilizarse.
Pudiera decirse que Petro sabe lo que quiere con la frontera: bajar la presión de los migrantes venezolanos y a Venezuela se le dificulta retroceder a una frontera abierta por las razones expuestas.