La declaración jurada de bienes y patrimonio debe ser de acceso público

Todo funcionario público está obligado a declarar bajo juramento ante la Contraloría General de la República cuáles son sus bienes y patrimonio. Quiere decir que el funcionario está obligado a prometer solemnemente sostener y defender la Constitución y leyes de la República y de cumplir fiel y exactamente los deberes de su empleo, entre los cuales está el rendir cuenta de los bienes y recursos públicos que administren; por ello responden civil, penal, administrativa y disciplinariamente.

El juramento exigido significa “jurar fidelidad”; es decir, que lo declarado como bienes y patrimonio es exacto y preciso, lo que significa que la información vertida en el formulario que a tales fines ofrece la Contraloría General de la República es auténtica en su contenido y tiene valor oficial. En realidad, opera como una autorización para que la veracidad de la declaración sea investigada a la Contraloría.

La declaración jurada abarca toda información patrimonial (activos y pasivos), incluyendo los bienes y obligaciones del grupo familiar: cónyuge, concubino/a o persona con quien mantiene una unión de hecho estable y los hijos menores de edad bajo patria potestad.

Además de la Ley de la Contraloría, la Ley contra la Corrupción regula el comportamiento de los funcionarios públicos y los obliga a rendir cuentas, como también les exige que la declaración jurada sea veraz; es decir, que no exista disparidad entre lo declarado y el resultado de la auditoría patrimonial; y de haber disparidad lo envía al Ministerio Público para que haga efectiva la responsabilidad del declarante. Por tanto, la declaración jurada funciona como instrumento de prevención y lucha contra la corrupción.

Los ciudadanos, en aras de la transparencia, exigimos que las declaraciones juradas sean públicas. Sólo los datos considerados personales como el estado civil, domicilio, participación política, ubicación de inmuebles, placa y datos de vehículos se mantendrían en reserva para proteger la vida privada del declarante.