Hace unos días, de forma sorpresiva para los venezolanos, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) realizó su tercera visita oficial al país y se reunió con los funcionarios denunciados por crímenes de lesa humanidad de la República Bolivariana de Venezuela, es decir con Nicolás Maduro y su equipo, instalados en los diversos poderes públicos del Estado. Fue tratado con la mayor cordialidad y respeto digno de su cargo.
Durante los dos días en Caracas, declaró que “ (…) .hemos dado pasos importantes, …dando relevancia al principio de complementariedad.”
¿Qué significa eso?
Que la justicia internacional no desplaza a la justicia nacional, sino la complementa.
Por este principio, la CPI solo puede ejercer jurisdicción cuando los sistemas legales nacionales no lo hacen, o no están dispuestos o no pueden llevar a cabo realmente los procedimientos.
El momento procesal del caso Venezuela se encuentra en manos Sala de Cuestiones Preliminares (tribunal de tres jueces) debido a que el “Gobierno” solicitó la suspensión del proceso ante la CPI, alegando que en el país se investiga y sanciona a los responsables de crímenes de lesa Humanidad (15/04/22); mientras el Fiscal Khan se opuso a esa solicitud afirmando que la investigación debía continuar.
Mientras decide el Tribunal, el Fiscal de la CPI firma otro Memorando de Entendimiento “…con el presidente de la República, Excmo. Sr. Nicolás Maduro Moros, por el que se establece una oficina en el país de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)…”
El Fiscal Khan dijo que su Oficina en Caracas prestará asesoramiento y asistencia a las autoridades venezolanas, en consonancia con el principio de complementariedad que constituye el núcleo del Estatuto de Roma.
De manera que ahora recibiremos asistencia para el desarrollo legislativo en justicia e intercambio de conocimientos y mejores prácticas con las autoridades nacionales; y trabajará con los homólogos nacionales para aumentar el conocimiento del Estatuto de Roma y las modalidades de cooperación de la CPI.
Dijo: Mientras la Sala de Cuestiones Preliminares prosigue sus deliberaciones sobre esta cuestión, seguiré colaborando con las autoridades venezolanas y todas las demás partes interesadas a fin de garantizar la plena conformidad con el Estatuto de Roma.
La frase decisiva de su estadía “mi Oficina seguirá haciendo valer su jurisdicción hasta que consideremos que Venezuela puede cumplir efectivamente sus obligaciones”. Ello querrá decir que si aprendemos a juzgar a los criminales la CPI no hay nada más que decir.