Si queremos exigir nuestros derechos usemos la Constitución. Corromper la Constitución y recurrir a la oferta que se le ocurra a Nicolás Maduro y su grupo, para incumplir las obligaciones del Estado constitucional, es traicionar a la patria y un delito de lesa humanidad
La inactividad y la pereza de ocuparse de las políticas públicas somete a la población entera a un engaño de servicios y se la abandona, sin garantizarle sus derechos humanos fundamentales.
Todo está previsto en la Constitución, tanto los derechos a cada persona como las obligaciones para su garantía por parte de los Poderes Públicos, la iniciativa privada y el esfuerzo de cada uno.
Es decir, quien está al frente del Gobierno está en deuda con los ciudadanos y la protección como sociedad ante una situación de emergencia humanitaria compleja como la que vive toda Venezuela.
Estemos atentos todos los venezolanos, que quien levante la Constitución para mostrarla en público sin abrirla y leerla, es porque no sabe o no quiere que sepamos, lo que efectivamente en ella se dice.
Nicolás Maduro o Diosdado Cabello están convencidos de que ese gesto de levantarla en público quiere decir que la cumplen y se actúa de acuerdo a ella, y resulta que es todo lo contrario, la ignoran y violan a cada momento y todos los días.
Recuperar la condición de ciudadano es esencial para saber cuáles son las obligaciones de los órganos del Estado, cuándo cumplen o no las obligaciones constitucionales, particularmente las que tienen que ver con las garantías de seguridad de la vida, de los bienes, la salud, la educación, el trabajo, el salario justo, entre otras, compromisos escritos que deben cumplir para proteger los derechos humanos de cada persona.
Lo que pasa es que no se defiende lo que no se conoce; por eso que oportuno el anuncio de la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional, para que constate en el terreno cómo la justicia sigue arrodillada, la Contraloría General de la República no se sabe si existe, el Defensor del Pueblo no aparece, la Asamblea Nacional desconocida por los países democráticos, aprueba leyes para perseguir la corrupción entre ellos mismos primero, y luego contra los que alcen la voz, en un país desintegrado y quedándose sin ciudadanos.
¿Parece obvio que abandonar el país permite algún ingreso para sobrevivir y al mismo tiempo tratar de alimentar a los que se quedan? Esto parece otro tipo de delito de lesa humanidad. ¿Cómo lo llamaríamos señor Fiscal Karim Khan?