Venezuela a oscuras por prácticas corruptas

Todos conocemos la responsabilidad que recae en el Poder Público Nacional para atender el «régimen general de los servicios públicos domiciliarios y en especial, electricidad, agua potable y gas» según el Artículo 156 numeral 29 de la Constitución. La Asamblea Nacional tiene la tarea de legislar sobre estos temas, mientras que al Ejecutivo le corresponde ejecutar dichas leyes.

A pesar de haber cumplido con el requisito de aprobar la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, cuyo ejecútese le correspondió a Hugo Chávez en diciembre de 2010, parece que el servicio eléctrico no se ha regido por este marco legal, al menos desde la perspectiva del usuario.

El artículo 4 de esta ley compromete al Gobierno a garantizar un servicio eléctrico de acceso universal, reservado bajo el dominio del Estado y gestionado bajo un modelo socialista. Sin embargo, los usuarios sienten que la oferta resultó engañosa.

Indigna que la causa de que en Venezuela no tengamos servicio eléctrico es que, con voluntad o sin ella, “abrieron de par en par, las puertas a la corrupción”.

Con la llegada del gobierno de Maduro, se designó al militar Jesse Chacón como ministro y presidente de Corpoelec (2013-2015). En sus primeros meses de gestión, en abril de 2013, una falla eléctrica afectó a 14 estados del país.

Como muestra de “efectividad Chacón prometió resolver el problema en 100 días y, de no lograrlo, renunciaría a su cargo. Desafortunadamente, ninguna de estas promesas se cumplió.

Según el medio Crónica Uno, durante la administración Chacón se suscribieron dos préstamos para abordar la crisis, pero ninguno benefició a las centrales termoeléctricas. Además, las contrataciones de empresas locales e internacionales sin la capacidad técnica para ejecutar proyectos destinados a solventar la crisis resultaron en un costo de 23.031 millones de dólares, en lugar de los 14.657 millones inicialmente estimados, generando un sobreprecio de 8.644 millones de dólares.

En este contexto, los usuarios han estado esperando por más de 13 años el acceso universal a la electricidad y la garantía del Estado de que todas las personas disfrutarán del servicio, conforme a los principios establecidos en la Ley: transparencia, confiabilidad, eficiencia, integridad y criterios de igualdad.

La realidad, sin embargo, dista mucho de estas expectativas, sumiendo al país en una prolongada crisis eléctrica gracias a la corrupción del régimen madurista.