En Venezuela disminuyó información disponible sobre montos, fechas y actores implicados en contrataciones estatales, revela informe de temático del OCC
Una revisión realizada a la transparencia activa de las páginas web de los ministerios, denoto que “el 68% de estos se abstuvieron de publicar los llamados a concursos, las adjudicaciones, y las asignaciones de los compromisos de responsabilidad social “, se lee en el informe temático regional: Prevención de la Corrupción de Obras Públicas, Contrataciones y Compras Públicas, publicado por el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC).
El informe aborda los elementos centrales de la región y los retos existentes para la Contrataciones y Compras Públicas.frente a las acciones adelantadas en la Prevención de la Corrupción en Obras Públicas, con base en la evaluación hecha en los 19 países de los compromisos número. 27 que consiste en “promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas” y el número 29 que se centra en “promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado y de asociaciones público-privadas, y establecer registros de personas naturales y jurídicas vinculadas con actos de corrupción y lavado de activos para evitar su contratación”.
Este análisis se complementa con las recomendaciones en la materia hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, Transparency International y Open Contracting Partnership.
En general, los resultados obtenidos en el seguimiento del Compromiso N o. 27, muestra que la región ha avanzado en la adopción de sistemas electrónicos de compras. Como ya se dijo, el puntaje promedio de este compromiso fue de 1.70/3.00, pero para el caso de cada país, hay algunas variaciones en la valoración hecha a este compromiso, como se puede observar en la siguiente gráfica:
A partir de los informes de los 19 países participantes del OCC, se identificaron tres tendencias en este incumplimiento:
En primer lugar, los gobiernos locales de los países de la región son quienes generalmente no cumplen con las obligaciones de registro y publicación de la información contractual. La mayor parte de las entidades públicas del ámbito local no registran la gestión contractual en los sistemas electrónicos de compras, ampliando las brechas institucionales entre el ámbito nacional y el local.
Al respecto, informes como el de Venezuela resaltan la brecha que existe en la disponibilidad de la información aportada por las entidades del nivel nacional y regional: a nivel local, según los datos del Índice de Transparencia Municipal (ITM) realizado por Transparencia Venezuela en 2017, en sólo 22 de las 150 alcaldías evaluadas podía consultarse el catastro online, pero no se observaron medidas adicionales para disminuir la burocracia.
En segundo lugar, la mayor parte de las compras públicas realizadas para responder a la pandemia no fueron el resultado de acuerdos marco de precios ni de escenarios de competencia comercial, tampoco fueron registradas ni publicadas en las plataformas de consulta ciudadana.
La mayor parte de los informes coinciden en que las facultades especiales expedidas para contratar en el contexto de la pandemia, debilitaron los mecanismos de transparencia y participación ciudadana que aplican en los regímenes ordinarios de contratación. Por ejemplo, el informe de El Salvador Covid 6 indica que “no hay avances significativos sobre el cumplimiento de este compromiso, es más, en este tiempo de pandemia por COVID-19 , se ha percibido un retroceso en la fiscalización y control sobre las contrataciones y compras públicas” .
Finalmente, se identificó que la información publicada en sistemas electrónicos de compras en los países de la región no es completa ni de calidad . Esto va en contravía a entender la información como un derecho fundamental de los ciudadanos. La información oportuna, clara, confiable y de fácil acceso, genera confianza en las instituciones, eleva la eficacia y rendición de cuentas del Gobierno.
Conclusiones y Recomendaciones
Los resultados del avance en la adopción de mecanismos de prevención de la corrupción en la contratación pública muestran que no es suficiente contar con leyes; además se necesita adelantar acciones de fortalecimiento institucional y actividades de capacitación para que los servidores y entidades encargados de aplicarlas lo hagan de manera eficaz.
Al respecto, el fortalecimiento de los sistemas electrónicos de compras es considerado por diversos actores multilaterales como una prioridad para la lucha contra la corrupción. La tecnología digital puede brindar soluciones estructurales para que la gestión contractual tenga procesos de selección objetivos, garantice la competencia comercial y para que se desarrollen mecanismos inmediatos de control y seguimiento. El desarrollo de herramientas avanzadas de contratación electrónica que sean modulares, flexibles, expansibles y seguras puede ser un reto colaborativo que convoque a empresarios, sociedad civil y gobiernos. A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones:
Actualizar el marco normativo de la contratación pública para comprometer, promover e incentivar el uso de los sistemas electrónicos de compras públicas por parte de todas las entidades estatales. Resulta importante que la actualización normativa disponga medidas concretas para comprometer y promover las compras electrónicas en los gobiernos locales, en los cuales se identifican los principales rezagos en su implementación. Los sistemas electrónicos deben ser – por regla – la principal herramienta para la selección, registro, seguimiento y rendición de cuentas de la contratación pública en cada uno de los países de la región.
▪ Elaborar y socializar guías o lineamientos técnicos para que los servidores públicos mejoren el registro y publicación de la información. Esto incluye observar los requisitos de accesibilidad, consulta y datos abiertos. Simultáneamente, se deben elaborar guías técnicas dirigidas a la sociedad civil y a la ciudadanía en general para cualificar la consulta y los ejercicios de veeduría a las compras públicas. Se sugiere que tanto la actualización normativa como la elaboración de guías técnicas sean el producto de ejercicios colaborativos entre funcionarios públicos y sociedad civil.
▪ Convertir las cláusulas en mecanismos que permitan controlar y sancionar para que dejen de ser simples formalismos de bajo impacto. En este sentido, las cláusulas deben materializar claramente el compromiso de los contratistas con la rendición de cuentas, los canales de denuncias, la transparencia de declaraciones patrimoniales, la gestión de conflictos de intereses y demás medidas preventivas y pedagógicas de lucha contra la corrupción.
▪ Desarrollar de forma participativa, mecanismos de monitoreo y evaluación de las políticas públicas anticorrupción, de tal forma que se posibilite la rendición de cuentas bidireccional, el seguimiento y el control social oportuno por parte de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, aun teniendo en cuenta iniciativas adelantadas desde la sociedad civil con carácter regional como el Foro Ciudadano de las Américas. Teniendo como referencia los retos que implica las compras públicas para la respuesta y reactivación de la economía de los efectos de la pandemia, y siguiendo las recomendaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE, Transparencia Internacional y Open-Contracting se recomienda:
▪ El desmonte de las facultades especiales establecidas para la contratación urgente en la coyuntura de la pandemia. Se debe evitar que la excepción en las compras públicas se convierta en la regla. Enfrentar las fases iniciales de la pandemia justificaba la flexibilización de las reglas de la contratación pública; sin embargo, la reactivación económica y las lecciones aprendidas alrededor del aislamiento y las respuestas del Covid 19 permiten terminar con las medidas excepcionales. También se debe evitar que las facultades especiales establecidas para las compras públicas en la pandemia se incorporen en los marcos normativos, generando un retroceso en la transparencia e integridad en la gestión contractual de los países.
▪ Ampliar las funciones de los sistemas electrónicos en todas las fases de la contratación estatal. El registro y consulta no son los únicos beneficios de los sistemas electrónicos de compras. Los sistemas también permiten estructurar mecanismos de elección que privilegien la centralización de la contratación pública, los acuerdos marco, los catálogos electrónicos, la adquisición dinámica, las subastas electrónicas, las contrataciones compartidas y los contratos con opciones.
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