Informe OCC: En la región hay poca voluntad política en lucha contra la corrupción y Venezuela lidera a los que menos avanzan
Un denominador común en la región y que se observa en los informes de cada país sobre la valoración de los compromisos en la lucha contra la corrupción, es la falta de voluntad política de los gobiernos y la inacción de las instituciones encargadas de aplicar la ley, como principales obstáculos para avanzar en la implementación de los acuerdos y las normas anticorrupción para fomentar la cooperación jurídica.
El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) presentó recientemente el Informe Temático Regional: Cooperación Jurídica Internacional para la Lucha Contra la Corrupción en el que presenta un análisis de los resultados del trabajo desarrollado por OCC, quien entre 2020 y 2021 valoró el avance de la implementación de las recomendaciones del Compromiso de Lima en materia de cooperación jurídica internacional en 19 países de la región, incluyendo un seguimiento a medidas como el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de bienes producto de la corrupción.
El análisis se complementa con la identificación de algunas recomendaciones para fortalecer la cooperación jurídica internacional para enfrentar la corrupción y para fomentar el seguimiento y evaluación de los avances en la materia.
A continuación algunos hallazgo del informe:
-Distintos análisis desarrollados a lo largo de la última década, ubican a América Latina como una de las regiones más golpeadas por la corrupción a nivel mundial. 3 La captura del Estado por parte de intereses particulares, la debilidad de las instituciones, una deficiente aplicación de la ley, procesos burocráticos engorrosos, la presencia de grupos y empresas criminales, y la existencia de algunos factores históricos y culturales, entre otros elementos, permiten que la corrupción encuentre suelo fértil en América Latina.
-Cada uno de los países de la región ha avanzado de una manera distinta en el fortalecimiento del régimen legal que busca prevenir y sancionar la captura y cooptación del Estado, pero como se observa en el Primer Balance del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) “Seguimiento a la Implementación del Compromiso de Lima Indicadores Normativos”, los resultados en el combate de este fenómeno no parecen ser lo más deseables. Esta situación responde, en parte, a que quienes deben formular y aplicar normas, en muchos casos son los mismos que se verán perjudicados al hacerlo.
-En ese contexto, la las cooperación jurídica internacional es fundamental, más aún cuando la globalización trae consigo la internacionalización de muchos procesos económicos y de millones de operaciones financieras que le permiten a los corruptos y a las redes criminales mover activos y recursos de manera inmediata y, en muchos casos, sin dejar rastros gracias a las opacidades que en ocasiones permite el sistema financiero int ernacional.
-En la región es clave incluir mecanismos contra el lavado de activos, la puesta en marcha de procesos de extinción de dominio, y la persecución internacional de delitos relacionados con la corrupción, mediante herramientas como el embargo, l a confiscación o la extradición.
Resultados sobre los avances en cooperación jurídica
-En términos generales la valoración de los compromisos relacionados con el avance en la cooperación jurídica internacional para combatir la corrupción es bajo.
-Como lo indica el informe de Balance Regional del Observatorio Ciudadano de Corrupción, es posible evidenciar un avance en el desarrollo de leyes, decretos, reglas y normas, tanto para profundizar la cooperación entre países, como para combatir el cohecho, el soborno transnacional, el crimen organizado y el lavado de activos; no obstante, el análisis de los avances de esto s compromisos, desarrollado por el OCC, muestra que en la práctica éstos son insuficientes.
– Un denominador común en la región y que se observa en los informes de cada país sobre la valoración de estos compromisos, es la falta de voluntad política de los g obiernos y la inacción de las instituciones encargadas de aplicar la ley, como principales obstáculos para avanzar en la implementación de los acuerdos y las normas anticorrupción para fomentar la cooperación jurídica
Venezuela en la cola de los compromisos anticorrupción
-En relación con el Promedio de Valoración Compromiso No. 37 que se refiere a la Cooperación en la Investigación de los Delitos, el caso más preocupante para la región es el de Venezuela en donde no se reporta avance alguno ni se observa una tendencia favorable para que estos problemas se corrijan, lo que se evidencia en el poco interés de las autoridades venezolanas de colaborar con autoridades de otros países para facilitar la judicialización de casos de corrupción (Informe Venezuela, 2021).
-En cuanto a la valoración del compromiso No. 41 de establecer medidas para permitir el embargo preventivo, extinción de dominio y confiscación de activos, “para el caso de Venezuela, el informe nacional indica que ni siquiera hay información actualizada y pertinente que permita hacer un seguimiento a los avances en materia de cooperación jurídica internacional (Informe Venezuela, 2021).
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