“Leyes para silenciar”, el reporte de IPYS Venezuela que muestra cómo la censura se ha hecho norma
En las últimas dos décadas, el ordenamiento jurídico venezolano en materia de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a la información pública ha sido diseñado con limitaciones e imprecisiones. El marco legal para regular y garantizar los derechos informativos en el país ha respondido a coyunturas favorables al Estado venezolano y ha legalizado la censura. En “Leyes para silenciar”, un reporte del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), se expone justamente cómo se promulgaron legislaciones para trabar y castigar la libre expresión.
“Leyes para silenciar” recalca que existe una deuda con las garantías informativas en Venezuela debido a que la producción legislativa imperante presenta deficiencias estructurales que erosionan los principios que debería salvaguardar. En algunas de las normas venezolanas promulgadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se establecen limitaciones excesivas con efecto amedrentador, sanciones penales desproporcionadas, terminologías vagas e interpretaciones discrecionales.
Entre las normativas que se abordan en el reporte de IPYS Venezuela, están: La Constitución nacional, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la Ley Constitucional contra el Odio y por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.
En la investigación advierten acerca de las amenazas latentes contra garantías informativas:
Los gobiernos presididos por Hugo Chávez y Nicolás Maduro han desarrollado una legislación cada vez más restrictiva de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública, a un ritmo directamente proporcional a la consolidación del autoritarismo y la pérdida de democracia en Venezuela.
A lo largo de más de 22 años, el Poder Legislativo en Venezuela ha estado en manos del chavismo-madurismo. Entre 2016 y 2021, cuando la legislatura estuvo en manos
de la oposición, el oficialismo, con apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, anuló sus facultades.
En ese período, las leyes que entraron en vigencia provinieron de una Asamblea Nacional Constituyente elegida al margen de las previsiones constitucionales y con el deliberado propósito de desconocer la voluntad popular expresada en los comicios legislativos de 2015, que favorecieron a la oposición. Sin contrapesos institucionales, esta Asamblea Nacional Constituyente dictó las tres leyes más restrictivas en materia de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a la información: Ley contra el Odio, Ley de Transparencia y Ley Antibloqueo.
Las restricciones establecidas en las normas sobre libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a la información pública vigentes en Venezuela no cumplen el “test tripartito” del sistema interamericano de protección de derechos humanos, el cual incluye tres requerimientos: 1) Las limitaciones deben establecerse mediante leyes redactadas de manera clara y precisa, 2) Las limitaciones deben estar orientadas al logro de los objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3) Las limitaciones deben ser necesarias en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que persiguen, estrictamente proporcionadas a la finalidad que buscan, e idóneas para lograr el objetivo
imperioso que pretenden.
Y en cuanto al ordenamiento jurídico venezolano, este conjunto de leyes, por sus imprecisiones y sanciones desproporcionadas, violan el principio de legalidad y el debido proceso, lo cual constituye una amenaza latente y creciente para la efectiva vigencia de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública.
Las leyes restrictivas de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública han aumentado los mecanismos formales de censura y los desiertos informativos, como lo ha documentado ampliamente el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Es posible verificar que la violación a estos derechos tiene carácter sistemático y, en ese sentido, un efecto pernicioso en el ejercicio de otros derechos.
La legislación que amenaza la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública impuesta por el oficialismo en Venezuela obedece a sus intereses coyunturales y no necesariamente al desarrollo de principios constitucionales para ofrecer mayores garantías y el pleno ejercicio de los derechos.
