Provea | Informe Especial: Derecho al agua y al saneamiento
Una informe de:
El Grupo Interdisciplinarios Emergencia Humanitaria Compleja -Agua comenzó a publicar reportes periódicos sobre la situación del Derecho al Agua desde 2018.
Este informe, que fue preparado con el apoyo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos y Provea ahonda en las causas de fondo que impiden el disfrute del derecho al agua y al saneamiento de la población venezolana y también presenta propuestas para mejorar esas condiciones.
El análisis de la situación del derecho al agua debe partir de un hecho central: Venezuela posee una riqueza hídrica envidiable en todo el planeta; por tanto, la ausencia del recurso no es la causa de las dificultades de acceso al agua de la población que registran los estudios de diversas organizaciones de la sociedad civil.
El más reciente informe publicado en 2023 destacan en las conclusiones que:
De un total de 28.7 millones de habitantes, 21.2 millones personas están expuestas a un agua no apta para consumo humano.
El 90,2% de la población tiene deficiencias de acceso al agua potable.
El 99% de las plantas potabilizadoras no funcionan y no contamos con plantas de tratamiento para aguas servidas.
74% enfrenta problemas con los servicios de recolección de aguas servidas. »En el país hay suficiente agua para abastecer a toda la población.
Su restricción, o escasez obedece a la pésima gestión del bien natural, destrucción del patrimonio natural, destrucción de la infraestructura, incumplimiento de normativas y leyes, corrupción, control sobre la población y alteración de la democracia.
El derecho al agua y al saneamiento implica entender y proteger la totalidad del ciclo hidrológico, con todos sus procesos, componentes y aristas.
El derecho al agua y al saneamiento está vinculado directa e íntimamente con los demás derechos porque es básico para la vida, la salud, la alimentación, etc.
La información sobre el agua y el saneamiento es pública y tenemos derecho a ser informados.
Las competencias para la gestión del patrimonio ambiental pasaron, por decreto, a manos del ministerio
El cambio climático es un hecho. Le estamos ayudando a que nos golpee más fuerte. Por 2 razones, por el desastre ambiental que estamos generando y por no reconocer que estamos hace 7 años dentro de una Emergencia Humanitaria Compleja.
La sinergia entre la Emergencia Humanitaria Compleja y el Cambio Climático profundiza la vulnerabilidad de la población.
Los riesgos que El Panel Internacional para el Cambio Climático advierte para el espacio donde está Venezuela, ya los estamos viviendo. Quedó demostrado con el paso de las últimas ondas tropicales en los últimos meses del 2022.
Desde Hace 15 años se está denunciando el crecimiento del lago de Valencia o Los Tacariguas, producto de decisiones erradas. Las poblaciones ribereñas son las primeras afectadas. Viviendas inundadas, convivencia con aguas negras, aumento de enfermedades transmisibles por el agua y por vectores, sin que hasta ahora, hayan sido escuchadas.
El lago llegó a su cota más alta de seguridad 414 msnm. Comunidades viven 6 metros por debajo del nivel del lago separados por un muro cuya vida útil venció, en 2008. Además de las comunidades, sus aguas están afectando: La vialidad del occidente del país, la actividad agrícola, la salud de la zona, etc.
Las aguas contaminadas del lago contaminan todos los días el embalse Pao Cachinche, fuente de Hidrocentro, empresa responsable de la potabilización del agua para más de 4 millones de personas.
Hidrocentro recircula, por las tuberías del acueducto Regional Del Centro, agua servida que entrega a sus consumidores.
Los expertos recomiendan que
El problema del agua y del saneamiento debe trabajarse de manera integral contemplando todo el ciclo hidrológico y respetándolo como derecho.
La recuperación ambiental, institucional y estructural no podrá lograrse si no detenemos, lo antes posible, el daño diario al patrimonio natural. Se requieren las competencias de muchas disciplinas y personas que bajo el marco legal que dan las instituciones, aporten sus ideas y experticias.
Las competencias solicitadas deben agrupar tanto conocimiento, como el problema a resolver lo amerite. La participación de la ciudadanía y de la sociedad civil es clave, son ellos los primeros indicadores cuando algo no está bien, constituyéndose a su vez en parte de la solución.
Existen lineamientos y guías que ayudan tanto al conocimiento científico como a la gobernanza de los bienes públicos. Primero está nuestra propia legislación, que es posible que requiera algunas actualizaciones, pero su violación constante trae muchos problemas.
También existen diversos tratados internacionales como Escazú, Minamata, Leticia, los ODS que deberíamos firmar, ratificar e implementar, son aportes importantes para el bienestar del ambiente y consecuentemente, el nuestro y el de la vida en el planeta.
El Estado debe proteger los bosques del país; y cambiar la política económica basada en la minería de saqueo; Debe recuperar las instituciones del Estado para gestionar los ecosistemas forestales del país y evitar que dada la emergencia humanitaria compleja lleve a parte de la población recurra a la explotación de los bosques como medio de vida.
Para leer el informe completa:
https://provea.org/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Agua-21.03.pdf
