Se le arrebató el derecho a la vida a 824 personas en el 2022
Un informe de:
Los diversos cuerpos de seguridad del Estado venezolano fueron culpables de, al menos, 824 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el año pasado, 590 menos que en 2021, según un informe difundido este viernes por las ONG Provea y Fundación Centro Gumilla, como parte del proyecto común Lupa por la Vida.
«Aunque en los dos últimos años se ha producido una baja en la cantidad de personas asesinadas por policías y militares, no existen indicadores sólidos para considerar que se están adoptando medidas orientadas a superar el uso abusivo de la fuerza letal», aseguraron las organizaciones, reseñó El Nacional.
Señalaron que, en 2020, se contabilizaron 3.034 víctimas, una cifra que disminuyó a 1.414 en 2021 y a 824 el año pasado.
Del total de víctimas documentadas en 2022, 806 fueron hombres y 18 mujeres, y la mayoría eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que residían en barriadas pobres.
Indicaron que la mayoría de las víctimas de las cuales se pudo conocer el lugar donde recibieron los disparos fueron asesinadas mediante tiros en el tórax.
“De las 824 personas asesinadas, 501 (61%) pudieron ser identificadas y 323 (39%) no fue posible identificar. Así mismo, en cuanto a género, 806 (97,82%) fueron hombres y 18 (2,18%) mujeres. Cabe destacar un incremento porcentual de víctimas mujeres al pasar del 1.04% en 2021 al 2,18% en 2022. La mayoría de estas víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad (66%), que viven en zonas populares”.
Agregan que “el año 2022 mostró una continuidad en la disminución del número de víctimas reflejado en el informe 2021. Si bien este aspecto es positivo, no hay razones sólidas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de la violencia policial y militar”.
El organismo más letal fue la Policía Nacional Bolivariana con un total de 196 víctimas, equivalente al 24% del total nacional. De ellas, 36 corresponden a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) y 2 a la extinta FAES.
En su conjunto las policías estadales produjeron la muerte de 193 personas (23%). Resaltan por su letalidad como analizaremos más adelante, los cuerpos de policía estadal de Carabobo (49), Zulia (41) y Aragua (22), Yaracuy (17) y Portuguesa (12).
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 142 asesinatos (17%). En estos casos las posibilidades de impunidad son mayores, puesto que las investigaciones, si es que se realizan, les corresponde llevar a este organismo policial. Los mismos que causan la muerte son los que investigan.
Continúa en orden de letalidad la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con 129 presuntas ejecuciones extrajudiciales (16%) donde la mayor participación la tiene la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 111, incluidos 21 por actuación de su Comando Nacional Antisecuestro (CONAS), 12 por el componente Ejército y 2 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Es de resaltar este año que el componente Aviación estuvo involucrado en 4 ejecuciones. El alto número de casos en el cual aparece involucrada la FANB está directamente relacionada con la militarización de las labores de seguridad ciudadana, un aspecto que forma parte central de las llamadas políticas de seguridad ciudadana de las dos gestiones de Nicolás Maduro y que tuvo como punto de partida el denominado Plan Patria Segura.
En total fueron perpetrados 115 asesinatos, mediante operativos de carácter mixto (14%), donde participan simultáneamente varios organismos policiales y militares, y no es posible identificar, con precisión, cuál organismo policial, o componente de la fuerza armada, causa la muerte.
Las policías municipales fueron responsables de 45 presuntas ejecuciones extrajudiciales (6%). Estos organismos que tienen el mandato legal de ser policías de carácter preventivo, siguen asumiendo prácticas de intervención alejadas de su función principal.
Estas cifras corresponden a las muertes causadas por la fuerza pública, con actuación de diversos organismos policiales y militares en cada estado. Los cinco primeros con mayor cantidad de víctimas fueron: Aragua (135) Miranda (117), Zulia (100) Carabobo (96) y Bolívar (56).
Los estados Aragua y Miranda desplazaron al estado Zulia, el cual durante varios años se caracterizó por ser el estado con mayor cantidad de víctimas.
Es de destacarse la reducción significativa ocurrida en los dos últimos años en el estado Lara. Mientras en 2020, en ese estado, policías y militares dieron muerte a 213 personas, en 2021 asesinaron a 79 y en 2022 a 10.
Características de las víctimas
La política sistemática y masiva de ejecuciones extrajudiciales ha tenido como objetivo los jóvenes de las zonas pobres. Se presume culpable todo joven que habita en una zona popular.
Cuando policías y militares ingresan a un barrio las personas de género masculino entre 15 y 30 años corren alto riesgo de ser detenidas, maltratadas o ejecutadas. En un país en situación de emergencia humanitaria compleja, con miles de jóvenes excluidos del sistema educativo y de las fuentes formales de empleo, ese riesgo se ha incrementado.
De la información que se pudo obtener de las edades de las víctimas se desprende que, como ha sido un hecho histórico por varias décadas, las principales víctimas de la represión son los jóvenes entre los 18 y 30 años, equivalente al 62% del total.
En contraste con el año 2021, se incrementó el porcentaje de víctimas menores de 18 años; es decir, niños, niñas y adolescentes. Mientras en 2021 el porcentaje fue de 2%, en 2022 se elevó a 5%. Ello indica el ensañamiento con el cual se actúa teniendo como objetivo también a los menores de 18 años.
El día de mayor letalidad
El día en que mayormente los cuerpos armados del Estado produjeron muertes fue el día martes (20,27%).
En 2021 fue el día jueves, sin embargo, por tercer año consecutivo uno de los días de mayor intervención policial y militar es el jueves (20.15%). En comparación al año pasado, hubo un aumento de la actuación los días domingo. Mientras que en 2021 significó el 6,51% de las intervenciones semanales, en 2022 se elevó a 11,77%.
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