¿En Venezuela se asignan yacimientos y minas de oro a las gobernaciones y protectorados?
En un informe de Acceso a la Justicia se recuerda que en octubre de 2019 Nicolás Maduro anunció: «Voy a proceder a entregar una mina de oro (…) en plena capacidad productiva, a cada gobernación, para la producción de recursos en divisas convertibles, para nuestro pueblo”, sin que hasta la fecha se conozca cómo se ha llevado a cabo la ejecución de esta medida.
Según Maduro, los gobernadores podían disponer de forma inmediata de los recursos que la mina produjera para invertir en las necesidades de sus estados y sortear el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Maduro destacaba en su anuncio que la asignación de minas de oro no llegaría a Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta porque para ese momento estaban en manos de la oposición, beneficiándose solo los mandatarios ligados al régimen y los protectores designados.
La realidad es que hasta la fecha se desconoce el procedimiento que se ha usado para la adjudicación de los yacimientos o minas de oro del país. Solo se sabe que se trata de una medida llevada a cabo en el contexto del Plan Minero Tricolor, anunciado en junio de 2019 en el marco del denominado Arco Minero del Orinoco (AMO), y sobre la que ha regido la más absoluta opacidad al no publicarse cifras e información sobre las actividades realizadas, especialmente respecto a la extracción del oro y otros minerales, así como tampoco sobre los recursos obtenidos de esas operaciones y las empresas asociadas e instaladas en ese ámbito
