Informa Clima21: El Estado no tiene capacidad ni la voluntad política para mitigar daño ambiental en costas venezolanas
La organización no gubernamental Clima21 recientemente publicó un informe en el que se evaluó la situación ambiental de la costa venezolana.
El informe El mar que ignoramos: Derechos humanos y la degradación de los ecosistemas marinos venezolanos muestra que las alteraciones o perturbaciones más importantes a lo largo de la costa venezolana son los derrames petroleros; la contaminación por aguas servidas y desechos sólidos; la presencia de especies invasoras y la extracción insostenible de la diversidad biológica.
En este sentido, los derrames petroleros están afectando los ecosistemas costeros principalmente en los estados Zulia, Falcón, Carabobo, Anzoátegui y Delta Amacuro. Las otras formas de perturbaciones se registran en todas las zonas costeras del país.
Los resultados obtenidos indican que algunas de estas alteraciones se están incrementando en el tiempo, deteriorando áreas protegidas por Ley, actuando sobre zonas donde previamente no estaban presentes y afectando los derechos de muchas poblaciones costeras.
En la investigación no se encontró evidencia de una acción sostenida por parte del gobierno venezolano para mitigar esos problemas.Los obstáculos encontrados en la revisión incluyen: La ausencia de políticas ambientales con criterios técnicos; la pérdida de profesionales y especialistas con capacidades para realizar labores de gestión ambiental; la pérdida de la capacidad institucional para la gestión de áreas protegidas y el grave deterioro de las Universidades y otros centros de investigación marina.
Por otra parte, estas costas están amenazadas por los efectos del cambio climático; la presencia de metales pesados; la creciente presencia de microplásticos en los sedimentos costeros y la ausencia de consideraciones ambientales en el diseño de las políticas pesqueras y turísticas.
Alejandro Álvarez Coordinador General de Clima21 señaló que “a partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que el Estado venezolano no tiene las capacidades, ni la voluntad política para evitar o mitigar estos daños y los efectos de los mismos sobre la población.”.
Cambiar esta situación implica comprender que las costas y sus recursos se conviertan en elementos fundamentales para el desarrollo nacional, por lo que deben ser rescatadas del olvido. Para ello se necesita una política nacional de conservación y uso sostenible de los ecosistemas costeros. Pero principalmente que el Estado venezolano sea un garante del cumplimiento de las normas constitucionales y legales de conservación de estas áreas y no un promotor de su destrucción.
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