Informe de SOS Orinoco revela que invasión garimpeira sigue en auge con apoyo del gobierno venezolano
En este informe de actualización de agosto 2020 a mayo 2022, de SOS Orinoco presenta datos recientes sobre la situación en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan la Reserva de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare (RBAOC), con énfasis en el tema de salud y asistencia sanitaria, así como la continuidad y agravamiento de la invasión de mineros ilegales.
Entre los hallazgos de la investigación titulada “Reserva de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare: Invasión garimpeira en auge con apoyo del gobierno venezolano” destaca que:
La Reserva de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare (RBAOC), que incluye tres parques nacionales y cuatro monumentos naturales, es tal vez la figura de protección socioambiental más extraordinaria de la Amazonía venezolana, y de las más importantes de toda la gran Amazonía. Además de albergar una enorme diversidad biológica, tiene una notable diversidad cultural, representada por 17 grupos étnicos. El conjunto forma un extraordinario universo que constituye un irremplazable aporte a la Humanidad.
Lamentablemente, no existe una gestión de la RBAOC. El Estado venezolano ha sido indolente y negligente en su deber de garantizar la protección de los pueblos indígenas, y en la conservación de la biodiversidad. Los objetivos para los cuales fue creada la RBAOC no se cumplen; los lineamientos jurídicos y técnicos que deben regir su administración son transgredidos; y la UNESCO, como ente responsable de la Red Mundial de Reservas de Biósfera, no ha monitoreado la situación.
Los pueblos indígenas que habitan la RBAOC continúan sufriendo vulneraciones a sus derechos humanos, que ponen en peligro su supervivencia física y cultural. La actual situación de sus comunidades indígenas evidencia una falta absoluta de protección por parte del Estado venezolano. En particular, continúan expuestos a la acción incontrolada de los mineros y los grupos guerrilleros, y padecen una grave falta de atención en materia de salud. Todo lo cual constituye una ausencia de garantías fundamentales en materia de derechos humanos, y la falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos ante la CIDH por el caso “Masacre de Haximú”.
La principal amenaza a la vida y a la integridad de los pueblos indígenas en la RBAOC, es la presencia de mineros ilegales, en su mayoría provenientes de Brasil. La actividad de los mineros ilegales está aumentando a un ritmo alarmante, y los impactos ambientales son cada vez más evidentes. La acción de los mineros es posible gracias a la ausencia de vigilancia y control por parte del Estado venezolano, pero especialmente, debido a la complicidad de los miembros de la FANB.
La invasión de garimpeiros desde Brasil, en la región de las fuentes del río Orinoco, es particularmente grave y preocupante por el gran nivel de daño social y ambiental que está generando. La actuación injustificable de los garimpeiros representa una amenaza a la vida y la seguridad del pueblo Yanomami, además de ser una clara violación de la soberanía nacional, increíblemente avalada por los militares venezolanos. Resulta paradójico que en la misma zona donde antaño ocurrió la masacre de Haximú, en la época en que los militares venezolanos combatían al garimpo, actualmente esté ocurriendo una nueva invasión de garimpeiros, pero ahora avalada por estas nuevas autoridades militares. Sin embargo, esta Fuerza Armada Bolivariana, sigue obligada por ley a garantizar la defensa territorial, la soberanía nacional y la seguridad de los pueblos indígenas, pero hace justamente todo lo contrario.
La crisis del sistema de salud en la RBAOC se ha profundizado. Actualmente, no hay personal médico, ni dotación de medicamentos e insumos, los puestos de salud están deteriorados y algunos en estado de abandono, tampoco hay medios de transporte ni combustible. Esto ha traído como consecuencia un aumento en la prevalencia y muertes por enfermedades como malaria, tuberculosis, infecciones respiratorias, diarreas, anemia, parasitosis intestinal, hepatitis, desnutrición, entre otras.
Los lamentables eventos ocurridos en Parima B, donde efectivos militares abrieron fuego, masacrando a cuatro Yanomami, y dejando a cinco heridos, constituye una nueva evidencia de la negligencia del Estado en materia indígena. Pero en particular, pone aún más en duda el rol que cumple la FANB en las fronteras al sur del país, donde son cómplices de una invasión eficiente de garimpeiros, mineros y grupos criminales, y lejos de proteger a la población indígena, se han convertido en un elemento adicional en la larga lista de atropellos.
Leer el informe completo
https://drive.google.com/file/d/1XvgM9U7VGq71xINeljuqwhExf5LpSk2l/view
