Justicia roja rojita deja a la oposición desvalida frente a elecciones presidenciales

Justicia roja rojita deja a la oposición desvalida frente a elecciones presidenciales

Justicia  a la medida de Nicolás Maduro

Una nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sepultó la posibilidad de que María Corina Machado fuera la candidata de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, al ratificar su inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos. De esta manera se echa por tierra la decisión de más de dos millones de venezolanos quienes eligieron a Machado, en las primarias de octubre de 2023, como la candidata presidencial de la oposición. A pesar que la delegación opositora había pedido anular las inhabilitaciones, al considerar que son inconstitucionales, esto no se cumplió. Ahora exigen revertir la sentencia del máximo tribunal del país.

La administración de Nicolás Maduro respondió a la oposición el mismo día y aseguró que aunque seguirá negociando, María Corina Machado no será habilitada.

Entre tanto Machado dejó claro que continuará su carrera a la presidencia y asegura que con la sentencia del TSJ la administración de Nicolás Maduro declaró el fin de la tiranía.

Pero sobre la actuación del Tribunal Supremo venezolano pesan varios hechos que hacen dudar de su imparcialidad a la hora de decidir la inhabilitación de dirigentes opositores que podrían lograr una victoria contra Nicolás Maduro. La reciente elección de la junta directiva del máximo tribunal del país es una de ellas.

El pasado 17 de enero Caryslia Rodríguez fue designada como la nueva presidenta de la máxima instancia judicial de Venezuela. La magistrada no solo es abiertamente militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); también fue concejal del partido de gobierno y pertenece al entorno cercano de la primera dama Cilia Flores. Además, preside la Sala Electoral que ordenó la suspensión de las primarias opositoras en las que resultó elegida Machado con el 92% de los votos, una semana después de haberse realizado. En su discurso de nombramiento, la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia hizo un llamado  a los magistrados a “lograr grandes victorias como lo requiere este momento tan estelar de la historia del país”.

Otra irregularidad que se suma a  la sentencia de la sala electoral del máximo tribunal del país fue, el presunto forjamiento de un acto administrativo bajo el número 01-00-0000285 de fecha 16 de septiembre de 2021 que inhabilita a María Corina Machado y que según lo denunció el exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray nunca existió.

Asegura Mundaray que la Contraloría General de la República señaló que la inhabilitación contra Machado es de 2015, mientras el Tribunal Supremo señaló que la decisión de ratificar la decisión contra la dirigente de Vente Venezuela es en base a la decisión  del ente contralor de fecha 2021.

La falta de independencia de los poderes públicos ha sido denunciada por la oposición venezolana desde que el chavismo asumió el poder, al igual que ha quedado plasmado en los informes de 2022 de quien fuera la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, quien en su momento indicó que las reformas legales e institucionales en la justicia venezolana no ayudaron a fortalecer la autonomía de los tribunales.

“Los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con los partidos políticos, plantean preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes”, señala el informe de Acnudh.

Otro brazo de la justicia venezolana cuya imparcialidad ha sido cuestionada ha sido la Fiscalía General a cargo de Tarek William Saab, exdiputado y antiguo dirigente del partido de gobierno, cuya gestión ha estado marcada por un contexto de denuncias de violaciones a los derechos humanos, persecución a la disidencia.

La Asamblea Nacional, con mayoría chavista, debe elegir este año a un nuevo fiscal general. Un cargo que debe ser independiente, ha estado históricamente alineado con el chavismo.

Los hechos hablan por sí solos, la corrupción dentro del sistema judicial venezolano ha generado además de impunidad, atropellos y violaciones a los derechos humanos de los venezolanos, sobre todo ha sido utilizado como herramienta política para acabar con la disidencia, lo que a todas luces frena la prosperidad de cualquier nación.

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